Soberanía responsable

Pedro Medellín Torres

Colombia está padeciendo los rigores de la "soberanía responsable", que comienza a regir las relaciones internacionales. Se trata de un principio en el que todos los países están dispuestos a respetar la autonomía de los gobiernos, siempre y cuando asuman su responsabilidad por el respeto y el mantenimiento de las reglas del juego democrático y el derecho internacional.

No de otra manera se explica cómo, bajo el liderazgo de Suiza, el G-24 (grupo informal de apoyo a Colombia conformado por los países europeos, más Japón, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, México y Chile) convoca a los candidatos a la Presidencia de la República a firmar el llamado Acuerdo Democrático Fundamental. A primera vista, se trata de un documento de diez puntos que pretende sellar una base de respeto a valores y principios básicos que rigen la democracia en un país.

Sin embargo, cuando se examina con más detalle el contenido del Acuerdo, resulta evidente la desconfianza de la comunidad internacional sobre lo que va a ser el próximo gobierno. ¿Qué otro sentido tiene poner a los candidatos presidenciales a firmar un documento en el que se afirma, entre otras cosas, que "La regla fundamental de cualquier democracia es que todas las disputas políticas y sociales deben resolverse de manera pacífica y civilizada, con un mínimo de respeto entre adversarios, en observancia de la Constitución y la Ley, sin apelar a medios extralegales o violentos y sin recurrir a un lenguaje violento o descalificador" (punto 1); que "En un Estado democrático, el monopolio del uso legítimo de la fuerza y de la justicia es competencia exclusiva del gobierno democráticamente elegido y los demás órganos del Estado" (punto 3); que "Los órganos del Estado tienen que actuar en estricto respeto de la Constitución y la Ley del Derecho Internacional, en particular de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario" (punto 4); que "La separación de poderes y el equilibrio institucional son principios de la democracia, y su defensa y respeto es obligación de todos los servidores públicos y de la ciudadanía en su conjunto" (punto 5); que "La independencia y la eficacia de la Justicia son valores determinantes de un Estado de Derecho" (punto 6); o que "Un deber de la ciudadanía y de manera especial de todos los partidos políticos es oponerse a todos aquellos fenómenos relacionados con la corrupción, la impunidad y las malas prácticas políticas y sociales"?

El Acuerdo revela muy bien cuál es la imagen que se tiene de Colombia y más precisamente, del gobierno colombiano en el exterior. Es decir, un gobierno para el que no importan los medios que utiliza para conseguir sus fines; que no respeta a los adversarios ni a la ley; que no hace valer el monopolio de la fuerza; que no asume responsabilidad cuando sus representantes transgreden las normas internacionales o el DIH; que no respeta el equilibrio de poderes, ni garantiza que la justicia pueda actuar efectivamente.

La presión internacional sobre Colombia es cada vez más fuerte. El mismo día en que calificaba de politiquero el informe de derechos humanos publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos (que cuestionaba la impunidad en torno al escándalo de Agro Ingreso Seguro, los 'falsos positivos' y las chuzadas del DAS), el presidente Uribe tenía que aceptar una revisión anual de derechos humanos a Colombia para destrabar el TLC con Canadá. Una presión que ya se ha padecido con los países de la Unión Europea, Suiza y Estados Unidos.

El llamado Acuerdo Democrático Fundamental pone de presente que la desconfianza internacional en el próximo gobierno no sólo es en materia de derechos humanos. También en el grado de desinstitucionalización democrática que sus acciones puedan propiciar. Ojalá los candidatos asuman seriamente el compromiso suscrito y que entiendan que con él, la comunidad internacional le está diciendo a Colombia que si quiere insertarse en el mundo debe asumir una "soberanía responsable".