Legado de Uribe

Inseguridad. Desconfianza. Polarización. Ese es el legado que dejan ocho años de tramposos, corruptos y brutales gobiernos de Álvaro Uribe

fOTO;fUENTE.semana.com

Antonio Caballero

Los candidatos uribistas se proclaman resueltos a defender y profundizar "el legado de Uribe", cuando lo que necesita el país es justamente lo contrario: desembarazarse del uribismo, que no ha hecho otra cosa que agravar los problemas existentes y crear otros nuevos. Repiten todos la jaculatoria del jefe: "Seguridad democrática, confianza inversionista, cohesión social". Es un programa mínimo, si se toma al pie de la letra:? dar seguridad, mantener la confianza, garantizar la cohesión, son las obligaciones básicas de cualquier Estado. No se cumplían en Colombia antes de los gobiernos de Uribe, sin duda. Pero tampoco las ha traído él. Por el contrario: en los últimos ocho años ha disminuido la seguridad, ha aumentado la desconfianza, y ha crecido la división entre los colombianos (tanto en lo económico, la brecha entre ricos y pobres, como en lo político, el enfrentamiento entre "buenos" y "malos", o uribistas y antiuribistas).

La seguridad. Es cierto que hoy hay menos secuestros y que las carreteras son menos peligrosas que antes. Y eso es apenas natural habiendo aumentado los gastos en seguridad hasta la cifra colosal de 15 billones de pesos al año, y el pie de fuerza hasta 430.000 hombres en armas: hay policías en todos los municipios y batallones del ejército en todas las montañas del país. Han sido extraditados los principales jefes narcoparamilitares, y de veinte mil hombres que tenían, cincuenta mil entregaron las armas; pero la estructura narcoparamilitar subsiste intacta bajo el nombre eufemístico de 'Bacrim' (bandas criminales), con nuevos jefes, y sus contactos políticos, aunque algunos estén presos, siguen siendo los dirigentes del uribismo rural. La guerrilla ha sufrido fuertes golpes, bombardeos y deserciones y bajas en combate, y ha sido de nuevo relegada a lo hondo de las selvas (o a las fronteras); pero conserva su capacidad de reclutamiento, que no viene del atractivo de sus ideas, sino del hecho desnudo de que el campo arrasado por la política agraria de los gobiernos no ofrece sino dos perspectivas de empleo: la guerrilla y el paramilitarismo. Y esos resultados se han pagado caros: en recompensas en dinero, y sobre todo en la monstruosidad moral de los "falsos positivos" provocados por el viraje de esas recompensas: cerca de dos mil inocentes asesinados por la fuerza pública. Y los desplazados: ese río de millones de hombres y mujeres expulsados del campo que va a engrosar el mar de miseria y de delincuencia de las ciudades. Eso no es seguridad.

Ni puede llegar a serlo, porque la seguridad no se obtiene con las recetas uribistas de plata y plomo, soborno y represión, ensayadas ya y fallidas (aunque en menor escala) bajo sus predecesores. La receta es otra, que no quieren probar aquí los dueños del poder y la riqueza: la justicia social.

En cuanto a la receta para combatir la violencia del narcotráfico, que además financia todas las demás, también es otra: la legalización del negocio.

La confianza: Si de verdad existiera eso que los uribistas llaman "confianza inversionista", millones de ciudadanos no hubieran invertido sus ahorros en las 'pirámides' ilegales. Y las reformas laborales hubieran servido para crear empleo, en vez de destruirlo. Y no habrían huido, llevándose sus exenciones de impuestos, los capitales extranjeros (con excepción de los mineros) y buena parte de los nacionales. Y no tendrían que salir de Colombia en busca de trabajo millones de personas. En cuanto a la confianza en general, basta con ver el crecimiento desaforado de la corrupción para inferir que no existe: nadie cree que puede ganar si no roba. Y no puede ser de otro modo bajo un gobierno que compra y vende las notarías, que son garantes de la fe pública, como si fueran semovientes.

Sólo parecen tener confianza en Colombia, para vivir e invertir, para trabajar y educar a sus hijos, los narcotraficantes. Los cuales se van confundiendo cada día más con los integrantes de la clase política. Un país en el que eso sucede no puede ser un país que ha sido bien gobernado -en los ocho, y en los cien años anteriores.

La cohesión: ¿Se puede hablar en serio de "cohesión social" en un país que está en guerra? No. Solamente se puede, como hacen los uribistas, negar que la guerra sea guerra.

Inseguridad. Desconfianza. Polarización. Ese es el legado que dejan ocho años de tramposos, corruptos y brutales gobiernos de Álvaro Uribe. Hoy domingo, que es día de elecciones, es el momento de votar contra los beneficiarios de semejante legado, que quieren mantenerlo.

Ocho años sin Gobierno

JUAN MANUEL LÓPEZ CABALLERO



"Buen gobernante es quien piensa en las próximas generaciones; el político piensa solo en las próximas elecciones".

En sus ocho años de Presidente el Dr. Uribe se ha obsesionado con una meta única de "acabar con la culebra", olvidando la responsabilidad de lo que es gobernar y relegando cualquier otro tema a un segundo plano. Su trabajo ('trabajar, trabajar, trabajar…') y su liderazgo los ha dedicado a la guerra y no le ha dado tiempo para hacer las grandes reformas del país. No ha utilizado sus capacidades mediáticas y su habilidad política para, con su popularidad y sus incondicionales mayorías en el Congreso, hacer la reforma agraria, o la reforma urbana, o la política, o la regional y local, o la tributaria, o la financiera o la educativa o cualquiera de tantas que requiere el país y que son las que deja un estadista.

El programa de Gobierno que presentó el actual mandatario se olvidó con el fracaso del primer intento de referendo y la no aprobación del TLC. Las propuestas de acabar la politiquería y el clientelismo, de actualizar el sistema judicial, de volver transparente e imponer la meritocracia en la administración pública, de profesionalizar la carrera diplomática etc., desaparecieron y, en sentido contrario, lo que eran defectos pasaron a ser explotados al máximo en busca de las reelecciones que le permitan adelantar su obsesión.

Se ha destacado la corrupción, que se ha multiplicado, y la pérdida de la ética pública que esto implica; pero más grave es que lo que caracterizó el periodo fue la improvisación en todos los campos, sin referencia a ningún modelo o plan de desarrollo o siquiera de administración ordenada, sin timón ni carta de navegación durante ese tiempo.

Ejemplos: el fracaso administrativo en sectores como el transporte (del 'proyecto' de 2.500 kilómetros de carreteras en cuatro años, en 8 años se reivindica haber logrado 'casi el 80%'), que, después de pasar por los escándalos del Invías y del Inco, y directores que en promedio no duraron ni un año, termina por reconocer la necesidad de una infraestructura de troncales para lo cual abre a 'licitaciones' tan atropelladamente que él mismo declara deficientes y/o declara desiertas.

O la incomprensible desidia de no haber producido la reforma al sistema de salud en fallas que se conocían desde hace más de diez años por diagnósticos exhaustivos, y que tuvo que ser ordenada por la Corte Constitucional desde hace más de seis años (sin que hasta hoy se haya cumplido); y terminar declarando una 'emergencia social' mediante la cual, sin cumplir el trámite ordinario por el Congreso y sin concertar con los vinculados al sistema, se crean impuestos para pagar los platos rotos y se busca reestructurar los aspectos financieros pero dejando pendiente en un decreto reglamentario lo que concierne a la atención a la salud propiamente.

O el permanente manipuleo con el sistema tributario, otorgando prebendas, creando paraísos fiscales internos, inventando 'impuestos de paz', aumentando el IVA a varios productos de la canasta familiar mientras se exime a las grandes empresas del pago de más de $9 billones; o explotando desde el consumo del agua hasta los vicios de la población (y a pesar de eso con déficit fiscal creciente).

O la falta de una política internacional consensuada y de Estado, bajo manos inexpertas y ajenas completamente a ese mundo, para terminar en que, por falta de cualquier posición, orientación, o dirección que nazca de nuestro propio gobierno, nuestras relaciones con el exterior las determinan un par de locos: Bush (que hasta a una guerra con Irak nos llevó) o Chávez (que nos tiene al borde de un conflicto porque con bastante razón nos ve como el peón de los americanos).

O el mismo manejo de desarrollo rural, tal vez el único sector donde algo de un modelo existió, pero de un modelo enfrentado a las necesidades de la gente del campo y contrario al desarrollo social que el país requiere (y por supuesto fracasado, con crecimientos todos los años inferiores al promedio nacional y con hechos tan inadmisibles como el AIS o Carimagua).

O en comunicaciones los escándalos y los fracasos de licitaciones del satélite y del tercer canal.

O la frustración de una reforma política, que no entra en vigencia por falta de la ley que la debe desarrollar, que no ataca la intrusión de las amenazas o la corrupción (léase territorios dominados por paramilitarismo o guerrilla, y compra de votos) como era el propósito central, y contra la cual se promulgó la ley de trasfuguismo para poder derogar interinamente lo poco que se había logrado.

O, en cuanto a la Justicia, la falta de una orientación de una política criminal; la prioridad dada a los intereses de la Presidencia sobre aquellos de la Nación (caso de la Fiscalía o la demanda contra el Presidente de la Corte); el uso de la extradición, no se sabe si como instrumento para silenciar a quienes tienen muchas verdades y señalamientos que hacer contra determinados personajes, o si solo porque se da prelación a los intereses de la Justicia de Estados Unidos sobre la nuestra; y un sistema penal que, al tiempo que crea nuevos delitos, por falta de cárceles da libertad a todos los condenados a menos de 32 meses.

O el caso de David Murcia y DMG donde las irregularidades y los peligros existían y habían sido denunciados públicamente en todos los medios, pero solo cuando desafía a Uribe se produce una intervención tardía e improvisada, la cual desapareció los ahorros de 194.000 colombianos, y acabó en un juicio político y mediático que antes de culminar se solucionó con la extradición del sindicado para que se olvide así el asunto.

O respecto al tema mismo que más reivindica el Gobierno: la 'seguridad democrática', que no ha sido más que un eslogan electoral, pero sin contenido conceptual o estratégico conocido. Ha consistido en aumentar indefinidamente los recursos para la guerra (se repiten 'impuestos especiales', se destina ya el 6,5% de los ingresos de la Nación, y se gasta en proporción más que los Estados Unidos con todo y sus guerras alrededor del mundo), y en doblar los efectivos (de 230.000 a 450.000 hombres en armas -tanto como el Brasil que tiene siete veces más población-), mientras se afirma que los guerrilleros caen y caen, pero sin que haya proporción entre ese esfuerzo y costo y el resultado de disminuir la guerrilla activa a razón de 1.000 efectivos por año. Y un manejo mediático de llamar a 'consejos de seguridad' en cada sitio donde se da un ataque, y repetir que no hay conflicto armado, que la 'far' son unos terroristas con quienes no se buscará solución diferente de su exterminio, y ofrecer recompensa tras recompensa a quienes permitan lograr los resultados que las grandes inversiones del Gobierno no logran. Ninguna política respecto a las víctimas de los 'daños colaterales': los dos millones de nuevos desplazados, los más de 2.000 falsos positivos, las más de 29.000 desapariciones forzosas (hoy más de 11 diarias), los otros dos millones de expatriados, los secuestrados y retenidos por la guerrilla atados a la suerte de un conflicto que no tiene perspectiva de finalizar, el aumento vertiginoso del desempleo y subempleo (390.000 y más de 2'000.000, respectivamente en 2009).

Son ocho años de campaña militar y política pero sin gobierno.