Desafío al establecimiento

Si las tendencias políticas siguen el curso que llevan, la opinión pública se va a polarizar en dos bandos: uno que se preocupa por la seguridad, interesado en resultados económicos y relativamente indiferente a problemas como los de violación de los derechos humanos o la pobreza, que tolera el clientelismo y está conforme con que la cosas sigan más o menos como están. Es el bando del establecimiento político y económico colombiano, que además cuenta con el apoyo resignado de la extrema derecha.

El otro se preocupa mucho más por el imperio de la ley y la efectividad de la justicia, por la equidad y la pobreza, por la violencia y el desorden. Refleja las necesidades de cambio y aspira a una sociedad en paz, no por virtud de la fuerza o de la represión sino por el imperio de la ley y la armonía social. Es el bando de la clase media urbana educada y de la juventud, que quieren creer en algo y aspiran a una sociedad mejor. En este medio está surgiendo un entusiasmo y un interés en la política y el cambio comparable al que dio lugar a la séptima papeleta y a la Constitución, a principio de los 90. La elevada e inusitada votación que obtuvo el Partido Verde en las últimas elecciones, que era un secreto muy bien guardado, evidencia y al mismo tiempo simboliza la vigorosa voluntad de cambio.

Santos es el candidato indiscutible del Establecimiento y del clientelismo. Cuenta con el apoyo irrestricto de una buena porción del sector empresarial y de los poderosos tradicionales, con el respaldo de Uribe y el de su coalición de línea dura. Ni Noemí, ni Pardo, ni Vargas Lleras llenan, como lo hace Santos, los requisitos para ser paladín del Establecimiento y el continuismo. Pero tampoco convencen como líderes del bando que quiere cambiar la política e imponer la "legalidad democrática", a pesar de haber hecho méritos para atraer electores con esa orientación.
Pardo no ha ocultado su deseo de militar en la izquierda liberal, y Vargas Lleras ha sorprendido con su interés por el empleo y su liberalismo social. Pero los dos parecen destinados a ser opacados por Juan Manuel en el campo pro establecimiento político, y no surgieron a tiempo o con suficiente credibilidad para atraer a los del otro lado.

Petro lo intentó y tuvo un cierto éxito en suavizar su imagen, pero esta no es una polarización de izquierda-derecha. Lo que busca la clase media de la segunda década del siglo XXI es orden, respeto a la ley, armonía social y poca tolerancia con la corrupción. Mockus, que ha sido un político bastante errático porque no había podido, hasta ahora, crear una personalidad política con impacto nacional, parece estar capturando esta vez, con la ayuda de Peñalosa y Lucho, y el empujón de Fajardo, todo el sentimiento antiestablecimiento y anticorrupción que está buscando un líder que no sea de izquierda y no promueva la violencia.

Noemí era hace pocos días la favorita para llegar a la segunda vuelta a enfrentarse con Santos, pues se esperaba que fuera menos implacable y más conciliatoria, especialmente en lo referente a Venezuela. Pero una vez surgió un desafío al Establecimiento y al clientelismo, proveniente de una burguesía urbana que pretende hacerse cargo con el ánimo de establecer un Estado democrático regido por la legalidad, la opción de un uribismo moderado desaparece.

Mockus todavía puede cometer muchos errores, pero ha despertado un entusiasmo que no se sentía hacía décadas y mucha gente está dispuesta a apoyarlo, conscientes del riesgo, porque están cansados de corrupción y de arbitrariedad. En el paradigma de la política, como la familia, se está dando la transición de la autoridad del padre hacia la del maestro, que ojalá no se ponga muy creativo. Lo que sigue es concretar políticas, hacer alianzas y sostener el interés de los electores. Santos tiene la ventaja de ser el que ya llegó; pero los que lo desafían poseen el atractivo de querer desbancarlo a él y lo que representa.

Rudolf Hommes

Soberanía responsable

Pedro Medellín Torres

Colombia está padeciendo los rigores de la "soberanía responsable", que comienza a regir las relaciones internacionales. Se trata de un principio en el que todos los países están dispuestos a respetar la autonomía de los gobiernos, siempre y cuando asuman su responsabilidad por el respeto y el mantenimiento de las reglas del juego democrático y el derecho internacional.

No de otra manera se explica cómo, bajo el liderazgo de Suiza, el G-24 (grupo informal de apoyo a Colombia conformado por los países europeos, más Japón, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, México y Chile) convoca a los candidatos a la Presidencia de la República a firmar el llamado Acuerdo Democrático Fundamental. A primera vista, se trata de un documento de diez puntos que pretende sellar una base de respeto a valores y principios básicos que rigen la democracia en un país.

Sin embargo, cuando se examina con más detalle el contenido del Acuerdo, resulta evidente la desconfianza de la comunidad internacional sobre lo que va a ser el próximo gobierno. ¿Qué otro sentido tiene poner a los candidatos presidenciales a firmar un documento en el que se afirma, entre otras cosas, que "La regla fundamental de cualquier democracia es que todas las disputas políticas y sociales deben resolverse de manera pacífica y civilizada, con un mínimo de respeto entre adversarios, en observancia de la Constitución y la Ley, sin apelar a medios extralegales o violentos y sin recurrir a un lenguaje violento o descalificador" (punto 1); que "En un Estado democrático, el monopolio del uso legítimo de la fuerza y de la justicia es competencia exclusiva del gobierno democráticamente elegido y los demás órganos del Estado" (punto 3); que "Los órganos del Estado tienen que actuar en estricto respeto de la Constitución y la Ley del Derecho Internacional, en particular de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario" (punto 4); que "La separación de poderes y el equilibrio institucional son principios de la democracia, y su defensa y respeto es obligación de todos los servidores públicos y de la ciudadanía en su conjunto" (punto 5); que "La independencia y la eficacia de la Justicia son valores determinantes de un Estado de Derecho" (punto 6); o que "Un deber de la ciudadanía y de manera especial de todos los partidos políticos es oponerse a todos aquellos fenómenos relacionados con la corrupción, la impunidad y las malas prácticas políticas y sociales"?

El Acuerdo revela muy bien cuál es la imagen que se tiene de Colombia y más precisamente, del gobierno colombiano en el exterior. Es decir, un gobierno para el que no importan los medios que utiliza para conseguir sus fines; que no respeta a los adversarios ni a la ley; que no hace valer el monopolio de la fuerza; que no asume responsabilidad cuando sus representantes transgreden las normas internacionales o el DIH; que no respeta el equilibrio de poderes, ni garantiza que la justicia pueda actuar efectivamente.

La presión internacional sobre Colombia es cada vez más fuerte. El mismo día en que calificaba de politiquero el informe de derechos humanos publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos (que cuestionaba la impunidad en torno al escándalo de Agro Ingreso Seguro, los 'falsos positivos' y las chuzadas del DAS), el presidente Uribe tenía que aceptar una revisión anual de derechos humanos a Colombia para destrabar el TLC con Canadá. Una presión que ya se ha padecido con los países de la Unión Europea, Suiza y Estados Unidos.

El llamado Acuerdo Democrático Fundamental pone de presente que la desconfianza internacional en el próximo gobierno no sólo es en materia de derechos humanos. También en el grado de desinstitucionalización democrática que sus acciones puedan propiciar. Ojalá los candidatos asuman seriamente el compromiso suscrito y que entiendan que con él, la comunidad internacional le está diciendo a Colombia que si quiere insertarse en el mundo debe asumir una "soberanía responsable".

Legado de Uribe

Inseguridad. Desconfianza. Polarización. Ese es el legado que dejan ocho años de tramposos, corruptos y brutales gobiernos de Álvaro Uribe

fOTO;fUENTE.semana.com

Antonio Caballero

Los candidatos uribistas se proclaman resueltos a defender y profundizar "el legado de Uribe", cuando lo que necesita el país es justamente lo contrario: desembarazarse del uribismo, que no ha hecho otra cosa que agravar los problemas existentes y crear otros nuevos. Repiten todos la jaculatoria del jefe: "Seguridad democrática, confianza inversionista, cohesión social". Es un programa mínimo, si se toma al pie de la letra:? dar seguridad, mantener la confianza, garantizar la cohesión, son las obligaciones básicas de cualquier Estado. No se cumplían en Colombia antes de los gobiernos de Uribe, sin duda. Pero tampoco las ha traído él. Por el contrario: en los últimos ocho años ha disminuido la seguridad, ha aumentado la desconfianza, y ha crecido la división entre los colombianos (tanto en lo económico, la brecha entre ricos y pobres, como en lo político, el enfrentamiento entre "buenos" y "malos", o uribistas y antiuribistas).

La seguridad. Es cierto que hoy hay menos secuestros y que las carreteras son menos peligrosas que antes. Y eso es apenas natural habiendo aumentado los gastos en seguridad hasta la cifra colosal de 15 billones de pesos al año, y el pie de fuerza hasta 430.000 hombres en armas: hay policías en todos los municipios y batallones del ejército en todas las montañas del país. Han sido extraditados los principales jefes narcoparamilitares, y de veinte mil hombres que tenían, cincuenta mil entregaron las armas; pero la estructura narcoparamilitar subsiste intacta bajo el nombre eufemístico de 'Bacrim' (bandas criminales), con nuevos jefes, y sus contactos políticos, aunque algunos estén presos, siguen siendo los dirigentes del uribismo rural. La guerrilla ha sufrido fuertes golpes, bombardeos y deserciones y bajas en combate, y ha sido de nuevo relegada a lo hondo de las selvas (o a las fronteras); pero conserva su capacidad de reclutamiento, que no viene del atractivo de sus ideas, sino del hecho desnudo de que el campo arrasado por la política agraria de los gobiernos no ofrece sino dos perspectivas de empleo: la guerrilla y el paramilitarismo. Y esos resultados se han pagado caros: en recompensas en dinero, y sobre todo en la monstruosidad moral de los "falsos positivos" provocados por el viraje de esas recompensas: cerca de dos mil inocentes asesinados por la fuerza pública. Y los desplazados: ese río de millones de hombres y mujeres expulsados del campo que va a engrosar el mar de miseria y de delincuencia de las ciudades. Eso no es seguridad.

Ni puede llegar a serlo, porque la seguridad no se obtiene con las recetas uribistas de plata y plomo, soborno y represión, ensayadas ya y fallidas (aunque en menor escala) bajo sus predecesores. La receta es otra, que no quieren probar aquí los dueños del poder y la riqueza: la justicia social.

En cuanto a la receta para combatir la violencia del narcotráfico, que además financia todas las demás, también es otra: la legalización del negocio.

La confianza: Si de verdad existiera eso que los uribistas llaman "confianza inversionista", millones de ciudadanos no hubieran invertido sus ahorros en las 'pirámides' ilegales. Y las reformas laborales hubieran servido para crear empleo, en vez de destruirlo. Y no habrían huido, llevándose sus exenciones de impuestos, los capitales extranjeros (con excepción de los mineros) y buena parte de los nacionales. Y no tendrían que salir de Colombia en busca de trabajo millones de personas. En cuanto a la confianza en general, basta con ver el crecimiento desaforado de la corrupción para inferir que no existe: nadie cree que puede ganar si no roba. Y no puede ser de otro modo bajo un gobierno que compra y vende las notarías, que son garantes de la fe pública, como si fueran semovientes.

Sólo parecen tener confianza en Colombia, para vivir e invertir, para trabajar y educar a sus hijos, los narcotraficantes. Los cuales se van confundiendo cada día más con los integrantes de la clase política. Un país en el que eso sucede no puede ser un país que ha sido bien gobernado -en los ocho, y en los cien años anteriores.

La cohesión: ¿Se puede hablar en serio de "cohesión social" en un país que está en guerra? No. Solamente se puede, como hacen los uribistas, negar que la guerra sea guerra.

Inseguridad. Desconfianza. Polarización. Ese es el legado que dejan ocho años de tramposos, corruptos y brutales gobiernos de Álvaro Uribe. Hoy domingo, que es día de elecciones, es el momento de votar contra los beneficiarios de semejante legado, que quieren mantenerlo.